VICIOS TERRORISTAS EN DEMOCRACIA.
VIVAR A LARRABURE, VICTIMA DEL TERRORISMO, SIGNIFICA RECIBIR EL PASE A RETIRO.
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La Presidente Cristina B. F. Wilhelm, dijo el 22 de diciembre de 2007 en el Colegio Militar, en un Acto de Egresados de Guardiamarinas, que ¨los militares habían tomado las armas contra el pueblo¨. Faltó a la verdad, pues en pleno gobierno democrático, el entonces Presidente Juan D. Perón, Isabel Martínez de Perón y Luder, firmaron tres decretos a razón de uno por cada uno de ellos, ordenando la aniquilación de la guerrilla.
A raíz del intento de copamiento de la Guarnición Militar Azul, el 19/01/74, en el que resultaron muertos su Jefe, Coronel Gay, su esposa y un soldado, y secuestrado el Teniente Coronel Ibarzábal (posteriormente asesinado), el presidente Perón, muy afectado ya por el asesinato de su amigo Rucci, remitió a los miembros de la Guarnición un mensaje en el que expresaba: “…que el reducido número de psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para el bien de la República”.
Si algún concepto faltaba para terminar de entender la gravedad de la situación en aquel momento –que hoy deliberadamente se oculta-, lo brinda esta amenazante declaración del ERP durante el gobierno de Juan Perón: … “La nueva etapa…indica como tarea más importante en el terreno militar la generalización de la guerra a todo el ámbito del país”
Las organizaciones terroristas no habían logrado todavía arrancar al gobierno la decisión de empeñar a las Fuerzas Armadas, hasta que las operaciones que desde principios de 1974 realizaban en la selva tucumana tropas del PRT- ERP, sobrepasaron las capacidades de las fuerzas de seguridad y policiales. El peligro de que pudieran establecer una “zona liberada” con reconocimiento internacional, obligó a la presidente María Estela Martínez de Perón a ordenar al Comando General del Ejército “…ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/ o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán” y a declarar ilegal a Montoneros por el “ delito de sedición ”. Comenzaba así la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contraterrorista, aunque limitada a una precisa zona geográfica.
Como la sistemática campaña de atentados terroristas aumentara y su amenaza de extender los ataques por todo el país se cumpliera, el entonces presidente provisional Italo Luder ordenó subordinar al PEN las Fuerzas de Seguridad provinciales y amplió la misión de las FFAA a todo el territorio de la Nación. Dispuso, además, que “ Las FFAA, bajo el Comando Superior del Presidente, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país ”.
El sistema operativo empleado fue decidido por el Dr. Luder entre cuatro alternativas que le propuso el Ejército, en nombre de las tres armas, en una reunión de gabinete realizada en Tucumán en octubre de 1975.
Las Fuerzas Armadas iniciaron las operaciones de acuerdo con lo ordenado actuando, como queda dicho, institucionalmente, vale decir con un gobierno constitucional elegido libremente por el pueblo en el que funcionaban normalmente los tres poderes y bajo órdenes legítimas de su Comandante en Jefe instituidas en documentos oficiales emitidos de acuerdo con las prerrogativas que la Constitución Nacional le asigna a esa autoridad como cabeza del PEN.
Más allá de los medios materiales tradicionales con que las Fuerzas estaban equipadas para el cumplimiento de su misión constitucional, no utilizables en su mayor parte en una guerra revolucionaria con características urbanas, contaban con una sólida moral y un gran espíritu de cuerpo, asentados sobre trabados cimientos de organización, disciplina y cohesión que les permitió, con el tiempo, cumplir con el objetivo ordenado.
La promoción 111 de la Armada ha sido la más postergada en los últimos años. Al retiro forzoso de los capitanes de fragata Eduardo Pizzagalli, James Whamond, Gustavo Barreto, Jorge Sciurano y Marcelo Barbich, dispuesto el año pasado por “portación de apellido”, se suma ahora el pase a retiro del capitán Marcelo Toulemonde, que había recibido sanciones por “no controlar debidamente a su esposa”.
La decisión, comunicada la semana última a través de una nota de la Junta de Calificaciones, es el corolario de un proceso que comprendió el relevo de sus funciones, la aplicación de sanciones, la negativa al pedido de vista del expediente y una licencia médica por “trastorno de ansiedad”. La acumulación de castigos concluyó con la nueva decisión de la junta, que recomendó expresamente su pase a retiro obligatorio.
Incluso, hace un año la propia Armada lo propuso para un ascenso retroactivo a 2008, al sostener que muchas de las imputaciones no tenían sustento y teniendo en cuenta sus méritos y años de servicio. Pero cuando el expediente llegó al Ministerio de Defensa su nombre fue eliminado de la lista de promociones.
“Vivimos un calvario de persecuciones”, relató a La Nacion la ingeniera Mónica Liberatori, esposa del capitán Toulemonde, cuya reacción frente a un discurso de la presidenta Cristina Kirchner en el Colegio Militar el 22 de diciembre de 2007 derivó en una sucesión de represalias contra el oficial naval. En ese acto egresaba como guardiamarina el hijo mayor del marino, Agustín Toulemonde. Hace dos años, a fines de 2009, la propia Presidenta le entregó el sable de egresado a su otro hijo, Matías, que se graduó con el mejor promedio.
La esposa del oficial relató que el maltrato que su marido recibió en el Ministerio de Defensa, cuando a mediados de este año quiso averiguar por qué postergaban su ascenso al grado superior, le provocó trastornos de salud, por lo que se vio obligado a tomar una licencia médica.
“Un alto oficial de la Armada le imputó como falta grave haber concurrido al Ministerio de Defensa para ver su expediente sin autorización de sus superiores”, contó la mujer, que es docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Al recibir la notificación del retiro, el capitán Toulemonde presentó un pedido de reconsideración al jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, aunque con pocas expectativas de que prospere.
La reacción de la esposa
Al recordar el entredicho en el acto oficial, la señora de Toulemonde dijo que no se pudo contener cuando la Presidenta dijo que los militares habían tomado las armas contra el pueblo. “Me indigné y atiné a gritar: «¡Larrabure!»”, dijo, en referencia al militar secuestrado por el ERP en noviembre de 1974 y muerto después de un año de cautiverio en una “cárcel del pueblo”.
Esa misma tarde, al regresar a Mar del Plata, su lugar de residencia, el capitán Toulemonde recibió una citación para presentarse de inmediato en Buenos Aires ante el almirante Godoy, quien le impuso una sanción de siete días de apercibimiento por “no controlar a su esposa”.
Toulemonde se desempeñaba como jefe del Arsenal Naval de Mar del Plata y fue relevado del puesto. Recibió luego otras imputaciones, que lo hacían responsable por presuntas demoras en la entrega de repuestos de un barco y por la rotura de un motor. “Se le negó el derecho de defensa y luego se comprobó su inocencia”, resumió su esposa.
El secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Alfredo Forti, no respondió los reclamos y sólo dio explicaciones en una carta de lectores publicada en LA NACION en junio de este año. Le atribuyó al jefe naval responsabilidad “en una avería que inutilizó el motor del Buque Hidrográfico Puerto Deseado” y le imputó el incumplimiento de tareas de control y supervisión de la reparación del buque, “lo que le causó al Estado un perjuicio económico de $ 1.395.360, además de comprometer la tarea de relevamiento de la plataforma continental”, sostuvo el funcionario.
La mujer del oficial sancionado dijo que no hay constancia de la responsabilidad del jefe naval en esos daños y reiteró que nunca se le permitió ver el expediente.
Recordó que en noviembre de 2010 la Armada propuso su ascenso, con retroactividad a 2008, pero el Ministerio de Defensa, con directa intervención de Forti, congeló el expediente.
COMPORTAMIENTO
PRIMERA SANCIÓN Tras el incidente con la Presidenta, la Armada le impuso al capitán Toulemonde un apercibimiento por “no controlar a su señora esposa”
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