LAS MILICIAS POPULARES K. (I)
EL SUEÑO DEL DIFUNTO RAUL RICARDO ALFONSIN.
Realmente siento curiosidad por la sorpresa del Senador Gerardo Morales , atacado por el Movimiento Indigenista “Tupac Amaru”, quien se manifestó horrorizado por la agresión de ese grupo piquetero a su casa particular.
¿Acaso desconoce el Senador radical que Milagro Sala (actual Secretaria General de ATE), la líder del grupo barrial revolucionario, está apuntalada económicamente y respaldada políticamente por Cristina Kirchner?
¿No sabe Morales que Cristina Kirchner han urdido una red imposible de desatar entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial absolutamente complaciente y hasta el Congreso con tales organizaciones?
¿Acaso no participó en la aprobación del presupuesto anual 2010 que se votó por unanimidad y sin objeciones, donde se le asignó una partida de treinta millones de pesos anuales a la coya que administra, conduce, y entrena a sus milicias con el auxilio militar de Quebracho cuya horda ya se ha expandido a diecisiete provincias?
El chamán político de la señora es Luis D´Elía (FTV), y el general de sus 70.000 efectivos en armas el señor Fernando Espeche (Quebracho).
¿Lo ignora el Senador?
Desde aquí nada puedo hacer, más que estar expectante hasta que se generalicen las hostilidades sobre el territorio nacional.
Pero Vd está en el Congreso y tiene el poder que le confirieron sus electores.
Según una criteriosa teoría, hay estados fallidos, estados mafiosos y estados rufianes.
Me gustaría saber a qué tipo de país aspira usted servir.[1]
En esa intención, paso a ilustrarlo para que evite que la violencia sufrida en particular por Vd, se siga expandiendo a toda la ciudadanía.
Las instituciones subterráneas del proletariado.
Las instituciones formales del Estado se degradan a la vez que emergen ejércitos proletarios que violan la ley para sobrevivir.
Más allá de lo que establezca la legislación, se modifican las reglas del juego.
En los márgenes de la sociedad, el mercado de militantes se transforma con el crecimiento de la desocupación.
Traspasado cierto umbral, la demanda de servicios de protesta, que normalmente dio vida a los sindicatos, se caracteriza ya no por las demandas de obreros y empleados sino principalmente por las tumultuosas exigencias de desocupados sin nada que perder, dispuestos a violar las leyes frente a una cultura ciudadana que ya no tolera la represión violenta, tras el meticuloso proceso de desinformación y concientización popular contra toda noción de orden y rechazo a la disciplina, propias del militarismo que se le enseñó a la gente a repudiar.[2]
Es así como se instituyen la extorsión y la prebenda de los estratos marginales de la Argentina , mediante procesos similares al crimen organizado devenido en cultura popular, que hoy afecta a amplias regiones de América Latina y no deja de tener analogía con la cosa nostra siciliana.[3]
Argentina sufre las consecuencias de la corrupción y el narco-terrorismo.
Quienes caen en esas prácticas son más víctimas que victimarios, ejerciendo una especie de derecho natural a la revuelta.
Pero ya a esta altura, todo supura miseria, fealdad, negociados e incipiente violencia en una sociedad donde sus dirigentes persiguieron este objetivo como política de gobierno.[ 4]
Nuestra clase política delictiva
A esta altura a nadie se le escapa que Argentina engendró una clase política delictiva, que sustituyó democrática y definitivamente a los gobiernos militares de otrora.
Nuestro país atravesó por períodos históricos discontinuos y diametralmente opuestos que generaron el estancamiento de la Patria:
- Una etapa estatista, que nació en la década de 1930 y que comenzó con una ola de creación de empresas públicas, posteriormente complementada en 1940 por la nacionalización de empresas privadas de propiedad extranjera.
- La década de 1990 fue la etapa neoliberal mucho más breve que abarcó la época de Menehem,
De la Rúa y parte de la presidencia de Duhalde, donde se rechazó el estatismo.
- Finalmente la etapa post-liberal que comenzó durante la débâcle del gobierno de
De la Rúa y se consolidó con el reinado de los Kirchner.[5]
Un funcionario que se define como experto justicialista en Defensa ¨Carlos¨ Luis Tibiletti admitió que la clase política argentina no posee una estrategia nacional sino que su objetivo es la perpetración de un delito.[6]
Este personaje manifestó, además, que las políticas del gobierno kirchnerista son claras frente a la protesta social, respecto al empleo de la fuerza dentro de la máxima racionalidad y procurando siempre el respeto de las garantías.[7]
Tibiletti habló tras asumir el cargo público de Secretario de Seguridad Interior de la República, momento en que sostuvo que no hay soluciones para impedir el delito. [Sic][8]
Y posiblemente no sea descabellado su diagnóstico.
El nivel supremo de corrupción en el Estado es precisado por su amigo, Carlos Escudé como macro-delincuencia.
El autor de El Estado Parasitario nos proporciona tres definiciones formales:
- Llamamos micro-delincuencia a los hechos de corrupción individual, incluyendo sobornos millonarios;
- llamamos mega-delincuencia a hechos de corrupción de gran magnitud en los que está involucrada una larga cadena de complicidades al interior del propio Estado; y
- llamamos macro-delincuencia a hechos de corrupción en gran escala, con efectos directos sobre las variables macroeconómicas, con incidencia sobre la distribución del ingreso o la riqueza, y también aquellos que tienen consecuencias directas sobre la gobernabilidad o el sistema político.”
Emergen las instituciones subterráneas
El dominio de una clase política delictiva y la perpetración de hechos de macro-delincuencia en reiterados ciclos de vaciamiento, producirá una disminución de la gobernabilidad , que a su vez conducirá al surgimiento de instituciones subterráneas.
Éstas responden a una demanda social y tenderán a suplir a las instituciones formales en ámbitos en que el Estado retrocede.
Este fenómeno comúnmente se produce en todos los contextos en que los organismos públicos demuestran su insuficiencia frente a las necesidades vitales de la gente.
El ejemplo más concreto son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que ya no pueden proporcionar ni defensa nacional ni protección contra el delito debido a las barreras legales que las han restricto.
Pero para toda demanda hay una oferta: esta ley de la economía funciona también en el plano de las instituciones estatales y paraestatales.
Entonces estas grupos marginales irregulares surgieron de la emergencia, ante el colapso del poder militar.
La implosión militar representó una acentuación del deterioro de las instituciones formales del Estado, entre las que lógicamente se encuentran las Fuerzas Armadas.
Producido el colapso político, financiero y social de diciembre de 2001, con el creciente deterioro de la gobernabilidad , algunas organizaciones paraestatales adicionales fueron supliendo a otras de las maltrechas instituciones establecidas por la Constitución.
De las manzaneras de Duhalde y el crecimiento clientelista con la ocupación política del conurbano bonaerense, surgen así las organizaciones piqueteras.
Desde la izquierda el ascenso piquetero se percibió como un triunfo crescendo liberador.
Desde la clase media tradicional, como una rebelión de bandas delictivas que no se reprime debido al oportunismo y a la demagogia de la clase política.
Los historiadores del piqueterismo argentino coinciden en que los años claves de su formación fueron entre 1996 y 2002.
Pero el fenómeno no surgió de la nada. Durante décadas el aparato remanente de las antiguas organizaciones subversivas sedujo a vecinos humildes en numerosas localidades y vecindarios, facilitando trámites difíciles, desde entierros hasta la habilitación de pequeños negocios, a la vez que ha contado con los fondos necesarios para costear movilizaciones populares.
Para comprender esta rebelión desde la lógica de la acción colectiva es preciso considerar la mutación estructural que se estaba produciendo en la Argentina.
A mediados de los ´90 el mercado de militantes experimentó una transformación decisiva.
Hasta ese momento, la gran mayoría de la gente tenía trabajo, y los dirigentes de las organizaciones sindicales y de protesta tenían más que ganar ofreciendo sus servicios a empleados que a desocupados.
Pero el cambio empezó a insinuarse a principios de la década.
Las privatizaciones dejaron a muchos en la calle y la CGT había sido cooptada por el gobierno cipayo menemista, lo que generó las condiciones propicias para que emergiese la contestataria Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), fundada en 1992 y conducida por Víctor de Gennaro, con afiliación y elecciones directas.
En noviembre de 1996 se formalizó la ruptura entre la CGT oficial y la CGT disidente.
Por su parte, la CTA fue reconocida oficialmente en 1997 como organización de tercer grado.
Para calificar como tal, interrumpió la práctica del voto directo de sus afiliados.
Tres años antes había aparecido marginalmente la Corriente Clasista y Combativa (CCC) vinculada con el Partido Comunista Revolucionario, que lideraba Carlos El Perro Santillán, en Jujuy, en el gremio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM).
Pero en 1998 Juan Carlos Alderete instituyó su rama de trabajadores desocupados, mayoritaria hoy en día.
Como se ve, el desempleo fue el caldo de cultivo propicio para el brote de estas organizaciones.
La reconversión llegó incluso a los trotskistas.
Opuesto ideológicamente al asistencialismo oficial, el Partido Obrero se negó a participar del piqueterismo durante algunos años, pero en su Congreso de diciembre de 2000 optó por plegarse a la lucha por los planes sociales a partir de una valoración táctica, creando el Polo Obrero (PO) para trabajar sistemáticamente en torno a los desempleados a fin de cooptarlos.
Esta organización, cuyo referente máximo es Néstor Pitrola, sería protagonista del lanzamiento del Bloque Piquetero Nacional el 5 de diciembre de 2001, coordinado con el Movimiento (guevarista) Teresa Rodríguez (MTR) y la Coordinadora de Unidad Barrial, de orientación leninista.
A estas organizaciones fueron sumándose otras, como el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), que lidera Raúl Castells y todas tienen su origen en una exitosa reacción frente al sindicalismo tradicional.
También aparecieron la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de Luis D´Elia, quien, del barrio marginal avanzó a un circuito intersuburbano de dimensiones electorales importantísimas, y el sofisticado Movimiento Revolucionario Quebracho de organización militar con sus cuatro frentes: 1) Antirrepresivo;
2) Estudiantil;
3) Trabajadores y
4) Territorial, que lidera Fernando Espeche.
Luego confluyeron Libres del Sur, de Humberto Tumini y Jorge Ceballos , así como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (MTD Evita) del cofundador de Quebracho Emilio Pérsico, entre otros.
Su retoño piquetero en el alejado interior es la Organización Barrial Tupac Amaru, de la jujeña indigenista Milagro Sala.
De un germen similar es la importantísima vertiente villera, que está constituida principalmente por organizaciones nacidas de los procesos de ocupación de tierras fiscales y privadas.
Emergió con los ya viejos asentamientos ilegales, tolerados por lo menos desde la presidencia de Raúl Alfonsín, debido al apoyo de las estructuras del peronismo clientelista y algunos segmentos del clero tercermundista.
A grandes rasgos, pues éste fue el manantial de donde brotó una gran organización que, hacia 1995, precedió a los piqueteros en su papel de adjudicadores de los planes sociales del Estado.
Durante el gobierno de De la Rúa estas organizaciones se convirtieron en ONG´s y accedieron al derecho de ser ellas mismas las administradoras de los paquetes de planes sociales conquistados, convirtiéndose así en auténticas instituciones que forman parte de la red de poder del Estado.
Y se cavó la fosa ya que el problema se agudizó.
A partir de la decisión del gobierno de la Alianza de convertir a estas organizaciones en ONG´s la táctica del Justicialismo bonaerense fue aliarse a ellas en los cortes de ruta para debilitar a De la Rúa y hacerle un exitoso golpe de estado civil.
Muy pronto se pondría de manifiesto el potencial destructivo de las nuevas organizaciones, que comenzaron a entrenar en el terreno con movimientos de práctica y coordinación en simultáneo a partir del 28 de junio del 2000, cuando 500 militantes de la CCC, la FTV y el MIJD, entre otras muchas agrupaciones, cortaron la ruta 3 en Isidro Casanova aislando a La Matanza y bloqueando los caminos de entrada y salida a la Capital.
Así obtuvieron los entonces denominados ATN (Aportes del Tesoro Nacional) a cambio de la liberación de las autopistas, método que hasta el día de hoy se sigue practicando, pero con la bendición del gobierno kirchnerista.
Luego de que el poder de fuego demostrado por estos grupos evidenció que podían derribar un gobierno, el Justicialismo se hizo cargo de la manipulación de la rebelión piquetera.
El aumento del poder piquetero es hoy más que poderoso.
El Estado les paga a las formaciones porque piquetean, lo que es equivalente a decir que les paga para piquetear, y los aspirantes a la prebenda deben mostrar su disposición para el piquete ante el caudillo que distribuya la canonjía. Ergo, los piqueteros son la principal empresa del Estado.
Nacidas como grupos contestatarios ad hoc, adquirieron legitimidad frente al público y se convirtieron en depositarios de derechos adquiridos.
Normativamente, puede suponerse que la usurpación de tierras por parte de los pobres es menos grave que la confiscación de los depósitos por parte del Estado.
No obstante, el hecho representa un paso adicional en el proceso de erosión institucional de largo plazo que se está registrando, por el agravamiento de la inseguridad.
El poder real de estas milicias pertenece a una coalición de cabecillas: señores de la guerra que mandan sobre grandes bandas con jurisdicción territorial, y que mantiene vínculos complejos e informales con jueces, políticos y traficantes tanto de drogas como de armamento y goza del beneplácito del Poder Ejecutivo Nacional como mejor salvoconducto.
Entonces, los viejos aparatos partidarios se entretejen con las nuevas agrupaciones piqueteras, casi totalmente dependientes de las asignaciones económicas del Estado Nacional que le permiten manipularlas.
La ficción de legalidad sirve para consolidar este orden extralegal.
La justicia se blande para castigar los desafíos a esta ilegalidad informalmente sustituida.
REFERENCIAS:
[1] Escudé, Carlos: “El Estado Parasitario”. Editorial Lumiére. Buenos Aires, 2005, página 133.
[2] Sobre los límites de la “aproximación directa”, véase C. Fijnaut, “Investigación de la delincuencia organizada”, en R. Morgan (ed.), Policía de la delincuencia organizada y Prevención del
Delito, Por la Bristol y Bath Centro para la Justicia Penal , Bristol, 1990, y, vía del ejemplo, D. Gambetta,
De la mafia siciliana: el negocio de la protección privada de, Harvard University Press, Cambridge, 1993, pág. 3.
[3] Véase, por ejemplo, P.A. Lupsha, “Red de redes contra”, en G.P. Waldo Editores.
[4] Oviedo, Jorge: “O´Neill, Stiglitz y la corrupción”. Publicado en LA NACIÓN , el 3 de agosto de 2002.
[5] Joseph Siglitz: “The Roaring Nineties”, W.W. Norton & Company, forthcoming in October 2003.
[6] Citado por Carlos Escudé en “El Estado Parasitario”. Editorial Lumière. Buenos Aires, 2005, Página 39.
[7] http://www.clarin.com/diario/2005/07/27/elpais/p-01001.htm
[8] Hijo de un Oficial Superior de la Revolución Argentina de Onganía, Luis Tibiletti era Oficial Subalterno del Ejército Argentino, donde pasó quince años tras haber egresado del Colegio Militar de la Nación y 1º de su promoción. Si bien el kirchnerismo le ha dado fuste de “especialista en temas de defensa y seguridad”, pocos saben que era ~como tantos otros~ un infiltrado de la Organización Político Militar “Montoneros”, y operaba con el nombre de guerra “Carlos” , subordinado a Roberto Quieto y a Horacio Verbitzky, terroristas con quienes mantiene todavía subordinación y contacto.
Otro infiltrado de “montoneros”, también egresado del Colegio Militar , y que trabaja activamente en el gobierno actual es Ricardo F. Colombo Roqué (a) “El Leche”. En 1975 ambas situaciones fueron descubiertas por el Teniente Coronel Santiago Hoya, razón por la cual ambos conjurados serían expulsados del Ejército Argentino. Tibiletti se licenciaría en Relaciones del Trabajo en la UBA, trabajando en su nueva profesión un tiempo, como gerente de personal de Resero. Nadie lo molestó, aún sabiéndolo militante y enemigo de las FFAA, debido a la influencia de su padre.
Después volvió a la política como director de Fronteras de 1985 a 1990, y, desde ese año, subdirector de Seguridad Interior.
Desde allí, junto a un equipo de expertos, participó de la redacción de la Ley de Seguridad Interior. Propició siempre la no injerencia militar en asuntos internos, lo que, indudablemente, facilitó el trabajo de las ONG´s piqueteras. Al Teniente General Roberto Fernando Bendini, ex Jefe del Estado Mayor General del Ejército, también se lo vincula con ese grupo de renegados ~que dependían de Carlos Kunkel~ así como al actual Secretario General del Ejército, el General de Brigada Hugo Bruera (a) “Tranguito”. Este “general K” es muy cercano a Emilio Pérsico por ser pariente en segundo grado de Hugo Bruera , intendente de La Plata, socio del terrorista montonero hoy devenido en líder piquetero
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