LA TERCERIZACION DEL TRABAJO.
ESCLAVITUD MODENIZADA.
En un régimen de explotación feroz y de enriquecimiento de una camarilla mafiosa, basado en la precarización del trabajo, apoyado por la Secretaria de Transporte de la Nación, “Lo que ha caracterizado la gestión actual es desatender las condiciones laborales para acelerar la llamada creación de empleo, como se manifiesta en el fraude laboral de los contratos a tiempo parcial, en la subcontratación, en el registro de asalariados como Monotributistas o en Cooperativas bajo la forma del Monotributo Social” (“Salarios bajo control”), lejos de la ceguera de “intelectuales” y artistas a sueldo que visualizan la justicia social en el asistencialismo devaluado.
Para entender el fenómeno de violenta explotación y miseria salarial hay que ver la participación activa del Estado junto a las direcciones sindicales en todo el entretejido de la precarización laboral, pago en negro de parte de los salarios de docentes, municipales, ATE y otros, también está presente en el trabajo becario, pasantías, contratos temporales y contratos basuras -”todo suma puntos” como dice Cristian Favale:
1) El Inaes, organismo nacional que controla las cooperativas, depende de la ministra Alicia Kirchner y es la base del descontrol y vía libre a manejos punteriles de toda índole. “La Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Ltda. fue registrada en 2004 a pedido de Armando Matarazzo (hoy secretario de Finanzas de la UF). Pero el presidente de la Cooperativa Unión del Mercosur es Raúl Castellano, Secretario de Medios de Comunicación de la UF” (Clarín, 24/10).
2) La función del Ministerio de Desarrollo y Acción Social:
¿No es acaso resguardar la actividad lícita de los cooperativistas?
¿No debería la ministra Kirchner haber denunciado la incompatibilidad fraudulenta de la Unión Ferroviaria de gremio obrero, transformada en explotadora de trabajadores?
¿Por qué lo autorizó?
3) ¿Cuál es la responsabilidad del ministro de Trabajo Carlos Tomada, enlace permanente entre la UF y el gobierno?
4) La concesionaria del Ferrocarril Ugofe armó el listado que incluía asesinos, quienes debían ser licenciados de sus tareas ferroviarias para impedir el corte de vías el día 20.
El lock-out patronal articulado entre Ugofe y la UF, con el cierre de la Estación Constitución y el cese de actividades para que soltaran al jefe de la patota asesina, Pablo Díaz, y la colocación de pasacalles en todas las estaciones reclamando su libertad ¿no debería incluirse en la causa que se dice que investiga la asociación ilícita?
El abogado Recalde ha precisado que “Las empresas que tercerizan y están en Ugofe son responsables del crimen” (Clarín, 27/10).
5) ¿No son acaso parte de esa asociación ilegal -entre gremios del ferrocarril y los negocios derivados de la tercerización y de la compra de material rodante inservible en China por 10.000 millones de dólares- el ministro de Transporte Schiavi, De Vido, el Gallego Fernández y Antonio Luna, este último directivo de La Fraternidad?
¿No habría que hacerle caso al secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, quien cínicamente propuso que la justicia investigue “a los hijos de puta que están explotando a los propios compañeros”?
6) En Lanús, La Defensa (18/8) señala que en el período que abarca mayo, junio y julio, el municipio ha recibido subsidios por más de 1 millón de pesos mensuales, aparte de los salarios de los trabajadores de “Argentina trabaja”.
“Esos 3.155.000 de pesos fueron recibidos y facturados como gastos administrativos por el municipio”.
Mientras el saqueo al tesoro nacional (vía subsidios) se sucede sin intermitencias, el Concejo Deliberante de Lanús no alerta a la ciudadanía ni convoca a repudiar semejante latrocinio.
7) El Estado Nacional como tal no tiene ningún contralor de las tercerizadas.
Hay una ley extra light, Nº 18099, votada el 17 de mayo de 2007 a la que el 21 de diciembre del mismo año, el Senado le impuso importantes modificaciones que diluyeron todas las responsabilidades.
Es el Estado quien proporciona zonas liberadas para los crímenes, zonas francas para el contrabando, la evasión impositiva de los monopolios, la fuga de capitales y la indefensión laboral absoluta del trabajador.
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