CORTE SUPREMA DE LA NACION GOLPEA AL EJECUTIVO.
CUANDO DICEN QUE LA JUSTICIA LENTA NO ES JUSTICIA, TIENEN RAZON.
Lorenzetti: El presidente de la Corte criticó al poder político al pedir que se cubran las vacantes de jueces. Y agregó: “Somos buenos para los diagnósticos y los problemas, pero no para las soluciones.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, inauguró la “Jornada de Jueces de la Nación” donde se debate sobre distintos temas vinculados al Poder Judicial como la autarquía de presupuesto, juzgados vacantes y pliegos de designación.
El discurso de apertura del titular del máximo tribunal recorrió varias de esas problemáticas y profundizó con claridad sobre alguno de esos asuntos.
Lorenzetti pidió “a los demás poderes de la Nación que nos ayuden a tener un mejor servicio de justicia” y reclamó que “miremos al pueblo y cuáles son sus requisitos y demandas”.
De ese modo, el juez pidió “servir al pueblo de la Nación sin ninguna disputa entre poderes”, en momentos donde se analiza qué decisiones toma el máximo tribunal de justicia sobre temas sensibles para el poder político.
En una intervención más concreta que las habituales palabras de los magistrados, Lorenzetti señaló que “no nos interesan los conflictos, nos interesan las soluciones”. Y afirmó que “es necesario construir políticas de Estado”, afirmó el juez.
Uno de los problemas diagnosticados por el magistrado fue la judicialización excesiva de algunos temas. Y que es necesario que “sean sacados de la agenda del día a día para ser tratados como políticas de Estado”, explicó.
Según Lorenzetti, “los problemas cotidianos siguen siendo la inseguridad, el trabajo, la educación, las jubilaciones y la exclusión social”. Y que abordar esos asuntos, “sin una mínima coordinación”, obligan a buscar “la construcción de una agenda común entre todos los poderes del Estado no es perder independencia”, aseveró.
“En los últimos 50 años existe una extraordinaria y abrumadora diferencia entre lo que se declara en el discurso público y en la legislación argentina y lo que goza el ciudadano común”, reconoció el juez.
Y señaló que “la construcción de una agenda entre los tres poderes no es perder independencia; la agenda común significa que los que estamos en esto de construir un país, los actores, no peleemos entre nosotros, sino que hagamos una obra común para beneficial a los ciudadanos”, graficó el titular de la Corte.
Para Lorenzetti, es imprescindible disminuir la litigiosidad. Y que ese no es un problema de la Corte sino que todos los fueros tienen este problema.
Reafirmó que “siempre hemos dicho que los jueces no gobiernan” y que “nuestra obligación es poner límites a los otros poderes pero no gobernar”, indicó.
El juez indicó que “somos buenos para los diagnósticos y para los problemas pero no para las soluciones” y evitó hablar de “las grandes epopeyas” y que subrayó que “nunca hubo tantos jueces cuestionados como ahora”, detalló.
“Para que hablemos de un poder judicial independiente, necesitamos que haya jueces.
Hay unos 900 jueces que llevan unas 3.900.000 causas. Que no son papeles, son historias trágicas de personas”, detalló.
Y explicó que “hoy tenemos muchas megacausas como la de la ESMA, la causa Cromañón o la causa de Río Tercero en Córdoba” por lo que “necesitamos aumentar la cantidad de jueces federales y nacionales y disminuir la litigiosidad”, señaló Lorenzetti.
Y afirmó con claridad que cuando la gente dice que “la justicia lenta no es justicia: tienen razón”. Y reclamó que “no hay edificios o sistemas informáticos. Le pedimos a los demás poderes de la Nación que nos ayuden a tener un mejor servicio de justicia. Miremos al pueblo y cuáles son sus requisitos y demandas” pues “debemos servir al pueblo de la Nación sin ninguna disputa entre poderes”, afirmó.
Finalmente, Lorenzetti en un discurso que sin duda generará repercusiones, aseveró: “El estadista no piensa en lo inmediato: se ocupa de lo inmediato pero se preocupa por el mediano y largo plazo. Si sólo nos ocupamos del día a día, si no vamos al fondo de los problemas, siempre se van a repetir”, indicó el titular de la Corte Suprema de Justicia.
EN LA CORTE YA ESTAN LOS VOTOS PERO SE DEMORA LA DECISION.
Hace varios días que ya hay mayoría para rechazar un planteo oficial por la ley de medios.
En un ejercicio de extrema prudencia, varios jueces de la Corte Suprema son partidarios de no firmar resoluciones vinculadas a conflictos en plena ebullición. Así lo han hecho en los últimos años, en coincidencia con un proceso de reconstrucción de su imagen. Esto le permitió a la Corte volver a situarse en un lugar de excelencia, lejos de la conducta de algunos jueces que, allá por los años del menemismo, aportaron al lenguaje local el término de “mayoría automática”.
El caso de la medida cautelar sobre el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el plazo de un año para la desinversión y que fue cuestionado ante la Justicia por el Grupo Clarín , es uno de los ejemplos, donde la Corte demora una definición en un intento por evitar –tal como reconocen en privado algunos de sus miembros– ser cuestionados por “hacerle el juego” a alguna de las partes en conflicto.
A principios de agosto, luego de la feria judicial, los jueces de la Corte comenzaron a analizar si aceptaban o no intervenir en la apelación planteada por el Estado Nacional contra un fallo de primera y segunda instancia, que suspendió la “cláusula de desinversión” (art. 161).
Ante la Justicia, las empresas plantearon que ese artículo es violatorio del derecho de propiedad, ya que las obliga deshacerse de las licencias que exceden la cantidad autorizada por la Ley 26.522. Y en su apelación, la Procuración del Tesoro negó cualquier vulneración del derecho de propiedad, argumentando que “el Estado ejerce el derecho a regular el uso” de las licencias de radiodifusión.
Según fuentes de la Corte, la mayoría de los jueces se manifestó a favor de rechazar el planteo por falta de una sentencia definitiva , lo que dejaría en pie la suspensión del artículo, considerando también que la medida cautelar cuestionada no provocaba un daño “de gravedad institucional” , como sí entendieron que ocurría en el caso de la provincia de Mendoza, donde una jueza había suspendido la aplicación de la ley en todo el país.
Fuentes del tribunal aseguraron que –a pesar de que ya estaban las firmas de seis de sus siete jueces– la fuerte presión ejercida por el Gobierno sobre la casi totalidad de sus miembros habría provocado que decidieran postergar la resolución
La presión en este caso parece haber ido más allá de las habituales declaraciones públicas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de su esposo, el ex presidente, con las que intentan disciplinar a aquellos jueces que, en un proceso histórico de renovación, propusieron para ocupar despachos en la Corte. Estas últimas semanas, al menos cinco de ellos habrían recibido llamadas telefónicas directas de la Casa Rosada reclamando que acepten la apelación del Gobierno y revoquen la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley.
El resultado de esas gestiones no fue el esperado, pero ayudó a demorar la resolución de este caso, que ya contaba con votos sobrados para alcanzar una mayoría.
Habrá que ver qué margen de prudencia están dispuestos a seguir mostrando en la Corte, cuando la naturaleza de una medida cautelar impone plazos habitualmente breves.
Si tiene una opinión, por favor, compartala aquí o suscríbase a nuestro rss y obtenga los nuevos artículos en su lector rss.
Comentarios
Aún no hay comentarios.
Deja un comentario