SUDAMERICA (Parte II)
La actual discusión sobre la regresión estadounidense contrasta también con la imagen de una superpotencia imponiendo sus prioridades a Latinoamérica, que acompañó al debut del neoliberalismo. Este cambio indica una crisis del viejo rol pretoriano del Pentágono, protegiendo a clases dominantes frágiles, estados inestables y elites poco autónomas. Especialmente en Sudamérica no se verifica actualmente el tipo de sujeción neo-colonial, que rige por ejemplo en varias regiones de África.
Es incorrecto observar a las principales clases dominantes locales como títeres de un imperio. Actúan como grupos de explotadores con intereses y estrategias propias, en un escenario que difiere sustancialmente del marco semicolonial. Este cambio de contexto es soslayado por muchos teóricos de la recolonización, que sólo resaltan la reinserción subalterna de la región en el mercado mundial o la reaparición de formas de sujeción prenacionales .
Con esta visión se pierde de vista no solo el retroceso de la dominación norteamericana, sino también la nueva gravitación de Brasil. No se registra que este país es el gran candidato a comandar una multipolaridad opresiva en Sudamérica.
A pesar del bajo crecimiento de últimos años, las empresas transnacionales de ese origen se han consolidado en toda la región. Se apoderaron del 50% de la principal actividad económica uruguaya (industria de la carne), comprando tierras y controlando un tercio de la faena. Capturaron varias firmas estratégicas de Argentina (especialmente Pecom y Loma Negra) y ya manejan el 95% de la soja exportada desde Paraguay.
A principios de la década, Petrobrás se apropió del 45% del gas, el 39% del petrolero y de toda la refinación de Bolivia. En Perú dos conglomerados brasileños controlan el grueso de las minas de zinc y fosfato. En Ecuador gestionan varios yacimientos estratégicos y administran los principales proyectos de obra pública.
La expansión sudamericana de las multinacionales brasileñas se ha sostenido en la financiación oficial (BNDES). Esos créditos han crecido más que los fondos aportados a la región por el FMI o el Banco Mundial. Las compañías de Brasil sustraen materias primas, dominan fuentes de energía y abastecen mercados de consumo. Su principal núcleo -Petrobrás, Gerdau, VM, Oderbrecht, Friboi, Marfrig, Vale- opera con elevados niveles de internacionalización .
El principal proyecto de estas firmas es un conjunto de autopistas e hidrovías programados en el IIRSA (Infraestructura regional sudamericana). Este plan involucra a todos los países vecinos y se localiza prioritariamente en la Amazonia. Apunta a explotar los gigantescos recursos naturales de esa región .
La expansión multinacional brasileña se apoya también en la agresiva diplomacia de negocios que desarrolla Itamaraty. Esta política ha provocado numerosos conflictos. Petrobrás se opuso a las nacionalizaciones dispuestas por Evo Morales y Lula buscó imponer términos leoninos a las indemnizaciones en juego. También en Ecuador, Brasilia llamó inmediatamente a consultas a su embajador ante los cuestionamientos oficiales que recibió la empresa Oderbrecht, por represas construidas con fallas estructurales.
Es probable que el próximo conflicto involucre a Itaipú, ya que Paraguay tiene vedado el manejo soberano de sus recursos hidroeléctricos. Debe vender la energía excedente a una tarifa inferior al precio de mercado, para solventar una deuda odiosa con el acreedor brasileño .
Geopolítica de dominación
Para sostener la política de las corporaciones, Brasil se militariza con tecnología francesa. Se construyen submarinos, aviones y helicópteros destinados a custodiar los intereses de esas compañías, en las vastas regiones inexploradas del subcontinente.
Este correlato militar de la expansión multinacional no se limita al radio fronterizo. Desde el 2004 Brasil lidera las fuerzas de ocupación que reemplazaron a los marines en Haití. Garantiza allí una política neoliberal, que agrava la tragedia de hambre, pobreza y emigración, utilizando los métodos policiales que ensayó en las favelas. Esas acciones han facilitado el ingreso de las firmas brasileñas al Caribe.
La estrategia geopolítica en curso apunta a lograr desde UNASUR, el ambicionado asiento brasileño en el Consejo de Seguridad. Con este objetivo Itamaraty amplía el radio de alianzas (ahora con México) y estimula el ingreso de Cuba al Grupo Río.
Lula repite la política de lobby que desarrolló Felipe González, para posicionar a las empresas españolas en América latina. Como busca garantizar la estabilidad de negocios arbitrados por la diplomacia brasileña, rechaza las pretensiones separatistas de la extrema derecha sudamericana (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en Bolivia, Zulia en Venezuela, Guayas en Ecuador).
Brasil subordina incluso la continuidad del MERCOSUR a su liderazgo. Demorará la moneda común y el parlamento regional hasta que tenga asegurada esa conducción. Tampoco renuncia a estrategias unilaterales. En la última reunión de la OMC abandonó a sus aliados del G 20, para buscar un compromiso directo con los países desarrollados.
Pero la dirección del bloque sudamericano requiere neutralizar políticamente a Venezuela (dentro o fuera del MERCOSUR) y resolver los conflictos comerciales con Argentina. Sólo fuertes beneficios geopolíticos pueden atenuar las constantes quejas de los industriales de Sao Paulo hacia el vecino del Sur.
Todo indica, por lo tanto, que Brasil busca ocupar los espacios creados por la crisis de dominación estadounidense. Pero aspira a cumplir este rol sin chocar con la primera potencia. Tratará de saltar un escalón dentro de la coordinación hegemónica que ha prevalecido desde la posguerra. Las clases dominantes brasileñas pretenden jugar un rol más visible, pero al mismo tiempo más integrado al imperialismo colectivo.
¿Cómo responderá Estados Unidos? Hasta ahora predomina la indefinición. En el 2007 Bush suscribió un acuerdo estratégico con Lula para desenvolver una política común de agro-combustibles. El abaratamiento del crudo y las disputas aduaneras en torno al etanol amenazan ese convenio. Pero muchos opinan que Obama podría retomar ese tratado, para asociar al principal país sudamericano a la dominación global .
Semiperiferia y subimperialismo
En su nuevo rol dominante Brasil tiende a jugar un rol subimperialista. Este papel se está gestando bajo la cobertura de intereses regionales compartidos y no resultará menos adverso para los pueblos, que la opresión tradicional ejercida por el imperialismo estadounidense o europeo.
El término de subimperialismo surgió en los años 60 para retratar una expansión de Brasil conectada a las prioridades del Departamento de Estado. Con el prefijo “sub”, Ruy Mauro Marini indicaba el carácter tardío y periférico de la nueva potencia y su asociación subordinada con Estados Unidos .
La denominación distinguía una acción imperial emergente (Brasil) de una función ya dominante (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia). También aludía a diferencias con imperialismos menores (Suiza, Bélgica, España), extinguidos (otomano, austro-húngaro) o fallidos (Rusia, Japón).
La palabra subimperialismo podría erróneamente sugerir una delegación del poder central a servidores de la periferia. Pero en el caso brasileño siempre apuntó a resaltar el proceso opuesto de mayor autonomía de las clases dominantes locales. La aplicación de ese concepto para la región difiere, por ejemplo, de su uso para el caso de Israel (que actúa por mandato del Pentágono) o de sub-potencias como Australia y Canadá, que actuaron siempre adheridas al eje anglo-norteamericano. Una analogía más próxima a Brasil sería el rol jugado por Sudáfrica, en la región austral del continente negro.
Hace cuarenta años el subimperialismo brasileño debutaba como gendarme anticomunista, en acciones de una dictadura comprometida con la guerra fría. En la actualidad, Brasil sostiene el orden capitalista por cuenta propia (ocupación de Haití), se abastece con pertrechos de Francia y pone serios límites a la plataforma de los marines en Colombia.
El acierto más perdurable de los primeros teóricos del subimperialismo fue captar la transformación de las viejas burguesías nacionales (promotoras del mercado interno), en burguesías locales (que priorizan la exportación y la asociación con empresas transnacionales). Marini denominó “cooperación antagónica” al proceso de internacionalización del capital local y polemizó con los autores que presentaban ese viraje, como un acontecimiento favorable al desarrollo del país .
Este giro multinacional de las clases dominantes se ha consolidado en las últimas dos décadas y se plasma actualmente en la expansión de las firmas brasileñas hacia los países vecinos. Marini atribuía este despliegue foráneo a la estrechez de un mercado interno, afectado por la fragilidad del poder adquisitivo. Estimaba, además, que los grandes capitalistas brasileños acentuaban la compresión del poder de compra, recurriendo a formas de superexplotación de los trabajadores.
Los seguidores de esta tesis han resaltado el agravamiento contemporáneo de estos desequilibrios, en ausencia de un consumo de masas equiparable al fordismo de las economías avanzadas . Estas carencias impulsan a las multinacionales a invertir en el exterior, los capitales sobrantes que genera la restrictiva acumulación interna.
Como resultado de esta contradicción Brasil adopta conductas subimperiales, antes de haber alcanzado el poderío que tuvieron las principales economías centrales en los siglos XIX y XX. Esta asimetría ilustra las modalidades contemporáneas que adopta el desarrollo desigual y combinado.
La noción de subimperialismo contribuye a superar el simplificado esquema de centro-periferia e indica la variedad de relaciones que genera la polarización del mercado mundial. Retrata la existencia de formaciones intermedias, que algunos pensadores han teorizado con el concepto de semi-periferia.
Este término alude a frecuentes situaciones intermedias de la historia del capitalismo. Indica el surgimiento de potencias desafiantes que alcanzaron liderazgos (EEUU, Japón, Alemania) o fallaron en el logro de esa meta (Italia, España, Rusia) .
Las semi-periferias han sido subimperialismos (o imperialismos) potenciales que prosperaron o abortaron. En Sudamérica esta evolución se frustró en Argentina durante la primera mitad del siglo XX, pero continúa abierta para Brasil. Múltiples razones económicas, políticas y sociales explican esta evolución divergente.
Las nociones de semiperiferia y subimperialismo permiten captar el dinamismo contradictorio del capitalismo. Este sistema periódicamente transforma las relaciones de fuerza en el mercado mundial. Una fotografía congelada del centro y la periferia impide registrar estos cambios. No permite captar, por ejemplo, mutaciones históricas tan sorprendentes como el salto procesado por China en las últimas décadas.
Los dos conceptos intermedios también chocan con la estrecha clasificación de los países latinoamericanos en colonias, semicolonias y capitalistas dependientes. Este modelo es particularmente insuficiente para una región –que a diferencia del resto de la periferia- logró una emancipación temprana del yugo colonial. Por soslayar situaciones semicoloniales durante gran parte del siglo XX, Brasil tiende a saltar hacia un estadio subimperial.
Estatismo para los poderosos
Mientras que el margen de autonomía, la reacción estadounidense y el rol multipolar de Brasil son incógnitas abiertas, el severo impacto inmediato de la crisis ya está a la vista. La preocupación central de toda la región es actuar frente a un tsunami que augura desempleo y pobreza.
Las medidas que se están adoptando en las tres principales economías de la región socorren a los capitalistas, con los recursos públicos que necesitan los desamparados. En México se dilapidan reservas para contrarrestar una corrida contra la moneda nacional, que podría frenarse instaurando un severo control de cambios. En Brasil, el Tesoro puso a disposición de los banqueros 50.000 millones de dólares y los bancos públicos ya anunciaron que absorberán las pérdidas de las entidades privadas. En Argentina se decretó una moratoria de los capitales fugados que perdona la evasión impositiva.
La misma consideración oficial reciben los grandes industriales. En México fueron incorporados a un mega-plan de inversiones públicas. En Brasil obtuvieron reducciones de gravámenes y planes para sostener la reactivación de las ventas. En Argentina son particularmente agraciados los empresarios de la construcción y los productores de bienes durables. Este mismo auxilio al capital se verifica en Chile y en Colombia.
Estas orientaciones apuestan a una reacción positiva de los poderosos. Suponen que los flujos gubernamentales de dinero inducirán a los capitalistas a mantener el nivel de actividad. Pero olvidan que esa decisión depende de la dudosa preservación de la rentabilidad. Los planes buscan sostener también el consumo, pero sin medidas de redistribución del ingreso. Sólo intentan incentivar el gasto de la alta clase media, induciendo compras que disuadan el ahorro en divisas.
Por ese camino se agrava la emergencia social, que ya generan las suspensiones, los despidos y la desaceleración productiva. Como no se introduce un ingreso mínimo equivalente a la canasta familiar, la crisis tiende a golpear frontalmente el bolsillo popular.
La protección del grueso de la población requería destinar los fondos públicos a preservar salarios, ampliar el seguro al desempleo o incrementar los gastos en salud, educación pública y vivienda. Pero el intervencionismo actual favorece a las clases dominantes.
En la instrumentación de ese estatismo, actualmente convergen los keynesianos y con los neoliberales. Especialmente los cultores de la privatización han procesado un vertiginoso giro pragmático. Ahora cuestionan la sabiduría del mercado y aplauden el gasto público.
El viraje estatista igualmente preserva la variedad de matices social-liberales (Tabaré, Lula) y neo-desarrollistas (Cristina Kirchner), que ha prevalecido en los últimos años. La nacionalización de los fondos de pensión que se dispuso en Argentina -para prevenir el colapso de las jubilaciones y recaudar fondos para la reactivación- es un ejemplo de estas diferencias. Las singularidades nacionales del intervencionismo obedecen especialmente a la intensidad de la lucha social o al deterioro económico-social precedente.
Pero la tónica dominante es hacia una convergencia de políticas económicas, que no implica coordinación. Hasta ahora cada gobierno actúa por su cuenta, especialmente en el plano comercial. La política de salvarse a costa del vecino es muy visible en las devaluaciones competitivas y en los aumentos de aranceles. Si este tipo de reacciones ha puesto en peligro la continuidad de la Unión Europea, también puede conducir al naufragio de la integración sudamericana.
Experiencias y alternativas
En cualquier escenario próximo los pueblos sufrirán duros embates, si no logran afianzar su resistencia al capital. Esta conclusión es la principal lección de los colapsos financieros que padeció la región durante la década pasada. Esas debacles desencadenaron rebeliones que permitieron acumular importantes experiencias políticas y sociales.
Los alzamientos revirtieron en Bolivia un largo ciclo derechista, tumbaron en Ecuador a varios presidentes neoliberales, suscitaron en Venezuela una acentuada polarización y condujeron en Argentina al histórico levantamiento del 2001. También generalizaron la batalla por anular privatizaciones, nacionalizar recursos naturales y democratizar la vida política .
Los oprimidos de América Latina conocen las dramáticas consecuencias del salvataje a los capitalistas y deben prepararse para enfrentar la agresión social que acompañará al nuevo socorro de los banqueros.
Frente a este escenario los movimientos sociales, las organizaciones políticas comprometidas con la lucha y los economistas radicales ya debaten propuestas alternativas. En varios encuentros se han fijado las bases de esta plataforma (Caracas, Buenos Aires, Pekín, Belem) .
Estos programas rechazan las medidas de regulación y control estatal que socializan las pérdidas capitalistas. Llaman a la movilización para supervisar cómo se utilizan los recursos públicos y denuncian las amenazas que afectan a los derechos populares.
Los planteos que se han esbozado priorizan el mantenimiento del empleo, la prohibición del despido, el reparto de las horas de trabajo sin modificar el salario y la nacionalización de las fábricas que cierren o despidan. Estas medidas son necesarias frente a la complicidad gubernamental con los recortes empresarios de puestos de trabajo. La intermediación estatal en negociaciones, para reducir salarios a cambio de preservar el empleo, es otra cara del atropello social en curso.
Tres medidas en debate son particularmente acuciantes. En primer lugar, la nacionalización sin ningún tipo de indemnización de los sistemas financieros, para asegurar el control oficial del crédito en la explosiva coyuntura actual. El rescate de los banqueros debe ser reemplazado por la expropiación de sus bienes. Los estados deben recuperar el costo de mantener en funcionamiento los bancos, absorbiendo las propiedades de sus accionistas y administradores. La nueva Constitución de Ecuador –que prohíbe estatizar las deudas privadas- brinda un fundamento para esta acción.
Mientras se realiza un catastro de las grandes fortunas hay que prevenir la fuga de capitales, mediante estrictos controles de cambio y cierres de las sucursales off shore. La apertura de los libros contables es también indispensable para conocer la situación de cada entidad. Hay que anticiparse al agravamiento del colapso, asegurando el funcionamiento del sector que articula toda la actividad económica.
La segunda medida impostergable es la suspensión, revisión y anulación de las deudas públicas externas e internas. Mientras que la crisis borra pasivos multimillonarios en las economías centrales, América Latina continúa pagando. Las cláusulas de riesgo sistémico que se utilizan en Estados Unidos para retasar el monto y los plazos de obligaciones, no se instrumentan en la región.
Es el momento de seguir el camino que inició Ecuador, al poner en marcha una auditoria integral tendiente a deslindar los fraudes de los pasivos reales. La Comisión que revisó los títulos emitidos entre 1976 a 2006, encontró un escandaloso incremento del endeudamiento (de 240 millones de dólares en 1970 a 17.400 millones en el 2007). También descubrió ausencia de registros y renegociaciones fraudulentas, que condujeron a pagar sumas superiores a lo recibido .
Si se implementa en forma consecuente, esa suspensión del pago de la deuda ilegal tendrá un enorme impacto sobre la región. Sustituirá el repetido default, por una decisión soberana de colocar a los acreedores en el banquillo de acusados.
La tercera medida que impone la crisis es la nacionalización del petróleo, el gas y la minería. Permitiría preservar los recursos que América Latina necesita para protegerse del temblor global. Este camino ya ha sido iniciado por Venezuela y Bolivia. Evo decidió recientemente nacionalizar una petrolera (Chaco), que había incumplido con el traspaso de acciones al estado dispuesto por el gobierno. Al denunciar el “carácter electoralista” de esta iniciativa, la derecha transparenta la popularidad que tiene este tipo de medidas.
Pero las nacionalizaciones se adoptan con muchas vacilaciones y recurriendo a erróneos pagos de indemnizaciones. En plena caída de los precios de las materias primas estas erogaciones pueden resultar fatales .
El contexto político
La crisis global modifica la percepción general que habitualmente existe de las medidas drásticas. En medio de un colapso que ha resquebrajado la ideología neoliberal, nadie se asusta con llamados a nacionalizar, estatizar o suspender pagos de la deuda. Es el momento de aprovechar este contexto para resguardar a la población latinoamericana, adoptando decisiones contundentes. ¿Pero hay condiciones para implementar un viraje radical?
Ciertos analistas estiman que el contexto político se ha tornado desfavorable desde que la derecha recuperó terreno electoral (Chile, México), afianzó un régimen criminal (Colombia), obtuvo victorias sectoriales (agro-sojeros de Argentina) y sepultó los atisbos reformistas de varios gobiernos (Brasil, Uruguay).
Ciertamente la derecha prepara contraofensivas en todos los países. Pero hasta ahora ha perdido las grandes batallas. Fracasó con el golpe de estado en Bolivia, falló con la provocación de Colombia sobre Ecuador y no pudo consumar ningún ensayo de separatismo regional. Tampoco ha podido restaurar la unanimidad derechista de los años 90, en un marco de continuada gravitación de los avances logrados en la conciencia antiliberal y antiimperialista .
Pero existen, además, varios gobiernos nacionalistas radicales (Venezuela, Bolivia, Ecuador), que podrían tomar en sus manos la implementación del programa popular frente a la crisis. Estos procesos se distinguen de las administraciones centroizquierdistas (Tabaré, Cristina, Lula, Bachelet) en tres planos: recurren a la movilización, chocan con el imperialismo y las clases dominantes e intentan medidas de redistribución del ingreso.
La singularidad progresiva de estos gobiernos volvió a corroborarse frente a la masacre de Gaza. Evo y Chávez adoptaron una actitud ejemplar de ruptura con Israel, que contrastó con la neutralidad diplomática de sus colegas sudamericanos. Su postura se diferenció también de la criminal complicidad que caracterizó a casi todos los gobiernos árabes.
En Ecuador, Bolivia y Venezuela se han consagrado, además, importantes avances democráticos a través de nuevas Constituciones, aprobadas al cabo de fuertes disputas electorales con la derecha. En el Altiplano, por ejemplo, se reconoció el estado plurinacional, la separación de la Iglesia del estado y la prohibición de bases militares extranjeras.
Pero los gobiernos nacionalistas radicales enfrentan grandes disyuntivas. Mantienen el apoyo popular, pero las concesiones al capital y la ausencia de medidas radicales tienden a generar fatiga. La crisis global abre una oportunidad para superar ese desgaste con nuevos impulsos. La prioridad es neutralizar el golpismo de la derecha e impedir el retorno de los conservadores. Pero también es indispensable evitar un congelamiento de las transformaciones sociales, que estabilice la capa de opresores que germina dentro de los procesos populares.
En Bolivia se han ganado nuevamente las elecciones con más del 60% de los votos, pero la derecha mantiene su fuerza en las regiones adversas. En lugar de aprovechar la derrota del putch secesionista, se optó por incorporar a la Constitución varias demandas de la oligarquía (especialmente el carácter no retroactivo de los límites a la propiedad agraria).
En Venezuela persiste el vigor de los programas sociales y se ha obtenido un contundente triunfo electoral, que revierte los resultados más adversos de comicios anteriores. Pero al mismo tiempo se afianza la “boliburguesía” asociada con el gobierno, que recicla la desigualdad social y recrea la repudiada corrupción.
También en Ecuador se consolida la soberanía política, pero han aparecido fuertes tensiones entre el gobierno y el movimiento indigenista, que legítimamente protesta contra la entrega de áreas mineras a la explotación transnacional.
Es el momento de superar estas dificultades radicalizando los procesos nacionalistas, reforzando un eje político-regional con Cuba y revitalizando el ALBA. Esta asociación introdujo principios de intercambio solidario, reafirmó criterios de acción antiimperialista y planteó reformas sociales. En los últimos meses incentivó la implementación de un sistema de compensación monetaria y multiplicó los acuerdos con la zona del Caribe. Pero muchas medidas dependen de un financiamiento petrolero amenazado por la crisis.
El ALBA podría cumplir un papel más significativo en el nuevo contexto, como ámbito de formulación y ensayo de las respuestas populares al tsunami económico. Una decisión clave es el retiro del CIADI, que ya inicio Bolivia. Es vital también la campaña por abandonar el FMI y el Banco Mundial, para sentar las bases de nuevos organismos de cooperación y solidaridad.
El ALBA ha buscado contrarrestar el estancamiento que impuso Brasil al proyecto de Banco Sur y al sistema monetario latinoamericano (SUCRE). Se han discutido mucho las normas de funcionamiento de esa entidad (voto por país o proporcional al capital aportado), así como el volumen o el destino de los fondos.
Pero mientras persista la tendencia de las clases dominantes a protegerse individualmente del colapso financiero, estas iniciativas no prosperarán. Sólo los oprimidos -que actúan sin la compulsión del beneficio y la competencia- pueden garantizar la unidad regional. La crisis global crea nuevas condiciones para avanzar hacia esa meta.
Un proyecto anticapitalista
América Latina cumplió un papel de vanguardia en la resistencia contra el neoliberalismo, pero la crisis actual plantea otro desafío: ocupar un rol de avanzada en la batalla contra el capitalismo. Este sistema es el responsable de los descalabros actuales y su continuidad exigirá mayores sufrimientos populares.
Sólo un camino de erradicación de la explotación, el desperdicio y la desigualdad vigentes permitirá contrarrestar la miseria y el paro que augura la debacle en curso. Este sendero exige adoptar medidas antiliberales y anticapitalistas.
Las respuestas serán efectivas si facilitan una transición al socialismo, opuesta a todos los proyectos de regular el capitalismo. El estatismo en boga tiende a recrear las crisis, al cabo de penosos salvatajes solventados por la población.
Dos perspectivas históricas diferentes están en juego en todos los debates del movimiento social. El Banco del Sur, por ejemplo, puede concebirse en ambos sentidos. Mientras que un rumbo socialista exigiría utilizar los fondos de esa entidad para financiar la reforma agraria, las mejoras populares y las cooperativas, el modelo capitalista induciría a respaldar las empresas locales, que disputan mercados con sus rivales extra-regionales.
La misma disyuntiva determina lineamientos diferentes para el Fondo Regional del Sur (sistema monetario de compensación de pagos). Podría facilitar la redistribución del ingreso o emular los mecanismos capitalistas de estabilización, que rigen en Asia o la Unión Europea. El camino socialista requiere el retiro del FMI y del Banco Mundial, mientras que el sendero capitalista apuntala la ilusión de democratizar esos organismos.
Sólo la perspectiva socialista permitirá organizar una economía al servicio de las necesidades populares, con formas de planificación democrática que atenúen (y eliminen posteriormente), las traumáticas turbulencias del ciclo capitalista. El socialismo del futuro no guardará ninguna conexión con las fracasadas experiencias de totalitarismo burocrático del siglo XX. Pondrá en marcha la autogestión colectiva que se necesita para forjar una sociedad igualitaria.
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