las Venas Abiertas de La Cordillera de Los Andes (ParteII)
LA ZONA ANDINO-PATAGÓNICA
Argentina, como país centrado en la economía agropecuaria, acredita pocos antecedentes y experiencia en la cuestión minera.
Un mito corriente es pensar el país como un territorio “rico” sin tener en cuenta de qué manera concreta esa potencial riqueza es generada y controlada, con cuales beneficios (y distribuidos luego de qué manera y con cuales principios), cuales son las condiciones laborales y cuales las múltiples consecuencias ambientales, culturales y sociales, sino políticas, de la instalación negligente en este caso de industrias extractivas, sea minería, hidrocarburos, pesca o madera.
Creemos es urgente y posible corregir esa carencia, como indica la lucha de la población y las organizaciones de Esquel y localidades vecinas.
La explotación minera a cielo abierto en la región de los bosques patagónicos y zonas vecinas de excepcional belleza significaría, lisa y llanamente, la transformación y devastación de una gran cantidad de cerros y valles, la tala rasa de bosques nativos y el consecuente impacto negativo sobre las poblaciones humanas y las actividades económicas asentadas en la región.
Esta población vive desde hace más de un siglo en base a la utilización de los recursos naturales renovables del área.
La minería en gran escala también implicaría un ataque directo a la base económica, a las visiones del mundo y a la vida de comunidades mapuche y tehuelche que aún resisten en esta región (más del 40 % de la población regional tiene algún ancestro mapuche o tehuelche) y que la habitan desde tiempos inmemoriales.
El oro, principal objetivo de los proyectos cercanos a Esquel, ya es extraído con la misma técnica (a cielo abierto) en varios lugares del país: Cerro Vanguardia, Santa Cruz y Andalgalá, Catamarca, son los más conocidos, pero ciertamente no los únicos.
El oro, que se usa en un 85% para joyería y genera gran cantidad de residuos tóxicos, constituye uno de los refugios preferidos para la especulación, especialmente durante las guerras anunciadas.
El proceso de explotación del oro planeado, de ser aceptado por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, utilizaría 6 (seis) toneladas de cianuro POR DIA en UNA de estas minas.
Tal despropósito involucra el altamente riesgoso transporte por mar y tierra de ese químico y la posterior liberación de sus productos de descomposición y de metales pesados a los cursos de agua, a las aguas subterráneas, a los suelos y finalmente a toda la cadena alimenticia.
La voladura de más de 42000 toneladas de roca por día y su posterior molienda, además de los problemas inmediatos de polvos en suspensión, dará origen en cada mina a los conocidos drenajes ácidos y a la solubilización de metales pesados, que pueden persistir por siglos, con sus secuelas de irremediable contaminación tanto de las cuencas del Atlántico como del Pacífico.
Esto significaría la incalculable pérdida de calidad de vida, de biodiversidad y de potencialidad económica contrariando en forma absoluta cualquier principio de utilización de recursos de una manera ambiental y socialmente sustentable y equitativa.
Como contrapartida, el capital especulativo transnacional, necesariamente asociado con un poder político local para llevar adelante semejante atentado, vería rápidamente engrosadas sus ganancias para marcharse una vez el recurso se agote, dejando que los costos y las consecuencias de la devastación, en muchos casos irreversibles, sea asumido por las comunidades locales y regionales.
Por todo esto creemos que es fundamental desde el ámbito científico y académico hacer explícito el más amplio rechazo a esta furtiva y gigantesca aventura neoliberal, surgida al amparo de la lógica de la explotación del trabajo y de la naturaleza, y movilizar todos los recursos en pos de detener este devastador atropello ambiental y social.
Las múltiples ramificaciones y consecuencias de este tipo de economía extractiva, que alimenta mercados anónimos e insaciables pero no atiende a nuestras necesidades, deben ser investigadas en profundidad y ciertamente no en el marco de leyes y “acuerdos” que, precisamente, han permitido la privatización de los dictámenes técnicos y excluido la posibilidad de participación directa y vinculante por parte de la población en los procesos estratégicos decisivos.
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